La vivienda es una de las necesidades básicas de las personas a satisfacer por toda sociedad. En el caso de Chile, el Estado ha sido pionero a nivel Latinoamericano por las políticas, programas y experiencias de vivienda social, que han permitido reducir el número de familias de escasos recursos y en su mayoría allegadas, que no contaban con una vivienda propia.
La solución habitacional más frecuente dada por el Estado en las últimas décadas al déficit habitacional en las zonas urbanas del país, ha sido la construcción de edificios de viviendas sociales. Cuando ya alrededor de un millón de familias ha accedido a departamentos básicos, se hace indiscutible, que aún cuando se les resolvió el problema de vivienda, se les llevó a condiciones de habitabilidad que han dado pié a graves problemas sociales.
Los habitantes de condominios de viviendas sociales, han pasado de la satisfacción de contar con departamento propio a la frustración de ver afectada su calidad de vida por variadas causas, que se relacionan tanto al equipamiento, tamaño y calidad de los departamentos, como a la falta de preparación con la que se vieron habitando una vivienda y compartiendo bienes comunes, bajo las normas del Régimen de Copropiedad Inmobiliaria.
En definitiva la solución habitacional dada por el Estado ha sido deficiente, no sólo desde un punto de vista arquitectónico, sino que principalmente porque no consideró el desconocimiento de los futuros habitantes de condominios de viviendas sociales respecto a lo que significa vivir en copropiedad. No se les informó respecto a la ley, no se les explicó que tenían que vivir de acuerdo a un reglamento y menos se les apoyó en la organización de la administración de los bienes comunes o se les dio inicialmente una administración externa.
De este modo, es evidente la responsabilidad del Estado en los problemas actuales de las familias que viven en condominios de viviendas sociales, lo que con el tiempo se ha convertido en una deuda social pendiente del Estado, para con un importante conjunto de barrios que hoy en día le dan rostro a la pobreza urbana.
La mayoría de las comunas urbanas ubicadas en la periferia de las grandes ciudades concentran numerosas copropiedades de viviendas sociales, en las que habitan cientos de miles de familias de escasos recursos. Los municipios de estas comunas necesariamente deben intervenir en abordar los múltiples problemas que en ellos se generan no contando siempre con los instrumentos y recursos que ello requiere.
En este escenario, la Nueva ley de Copropiedad Inmobiliaria -que en 1997 el Parlamento y el MINVU sacaron adelante– se constituye en el inicio de una reparación social, ya que en tanto instrumento legal brinda posibilidades para mejorar la calidad de vida de las familias en términos sociales y materiales. Sin embargo, este cuerpo legal por si solo no resuelve los problemas de quienes viven en condominios de viviendas sociales, particularmente de los habitados antes de que entrara en vigencia la ley. Su aplicación no es automática en tanto requiere de una apropiación de la misma por parte de los copropietarios: tienen que dictar su reglamento de copropiedad, tienen que nombrar un comité de administración, y por sobre todo necesitan modificar conductas.
La complejidad de los problemas asociados a vivir en copropiedad, así como las exigencias que la misma ley le impone a los copropietarios cuando quieren servirse de ella, nos han demostrado en la práctica que los habitantes de estos barrios no podrán por si solos revertir su situación y que se hace indispensable la participación de un conjunto de actores públicos y de la sociedad civil, principalmente el Municipio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las Juntas de Vecinos y las Organizaciones Locales.
Sin embargo, no basta sólo con que estos y otros actores se involucren, importa también la orientación con la que se aborde el problema; si esta se reduce a la mera aplicación de la ley, es más probable el fracaso y la generación de nuevas frustraciones. Se necesita de un apoyo integral que asuma lo legal, lo organizativo y particularmente la recuperación del tejido social, solo así se podrá avanzar en la reparación del daño.
Las condiciones de vida en condominios de viviendas socialesLa experiencia de vivir en copropiedad, por lo general edificios o blocks, tiene características particulares que la diferencian del habitar en casas, en donde la propiedad es exclusiva. En el régimen de copropiedad cada copropietario es dueño exclusivo de su vivienda y a la vez comparte los bienes que son de dominio común. Sin embargo, la mayor parte de los habitantes de viviendas sociales no saben que viven en copropiedad, no saben que cuentan con bienes comunes que deben administrar, ni que hay una Ley y Reglamento que rige las copropiedades y que establece derechos y deberes para quienes los habitan.
Habitar en copropiedad, puede presentar tanto ventajas como desventajas. Entre las principales ventajas, se reconoce mayor seguridad, acceso a bienes comunes y costos menores al compartir gastos comunes. Pero también existen desventajas y problemas que son especialmente sentidos en los conjuntos habitacionales de departamentos construidos por los Servicios de Vivienda y Urbanismo SERVIU y sus antecesores, denominados condominios de viviendas sociales.
Las desventajas de vivir en condominios de viviendas sociales tienen relación con aspectos físicos y con aspectos sociales. En relación a lo físico las familias que viven en estos condominios, particularmente los construidos en la década de los 80´, lo hacen en muy malas condiciones, primero porque habitan viviendas pequeñas (36mts2), y expulsivas, de mala calidad, con altos índices de hacinamiento y segundo, por el déficit en infraestructura y la precariedad del entorno (sin veredas interiores, sin áreas verdes, sin iluminación, etc).
El hecho de que los habitantes hayan iniciado la ocupación de sus departamentos sin conocer o tener plena conciencia de que habitan en régimen de copropiedad ha influido negativamente en el estado de conservación de los condominios. Con esto nos referimos a situaciones tan complejas como las construcciones ilegales en espacios comunes del primer piso, así como también al abandono de algunas áreas, transformándolas en sitios baldíos propicios para la concentración de basuras e incluso para la ocurrencia de acciones delictuales.
Las áreas comunes, al no haber sido asumidas por una administración, presentan un elevado deterioro ambiental que se evidencia en la presencia de microbasurales, escasez de áreas verdes y terrenos pedregosos que dificultan el acceso hacia los edificios. Dichos elementos constituyen a la vez fuentes de contaminación visual y atmosférica.
El deterioro físico del entorno trae a su vez desventajas sociales dado que afecta el sentido de apropiación del espacio, consiguiendo que los habitantes participen escasamente y menos aún se comprometan con el cuidado y mantención de su entorno, produciéndose un proceso de abandono de los espacios comunes los que finalmente se transforman en “tierra de nadie”.
Por su parte, la sociabilidad en estos barrios se ve afectada tanto porque las condiciones de habitabilidad de la vivienda, ponen en permanente tensión a sus habitantes y el hacinamiento propicia el conflicto, como porque no se cuenta con espacios adecuados para “encontrarse” y recrearse. Los vecinos no sólo se relacionan escasa y conflictivamente entre ellos, sino que la falta de tiempo, el individualismo y la desconfianza que hoy impera, hacen muy difícil que las personas se motiven a participar en la vida barrial. En síntesis, pareciera que nada en estos conjuntos habitacionales estuviera hecho para favorecer la vida en copropiedad.
Dadas las condiciones descritas y sumando a ello la concentración de población de escasos recursos que habita los condominios de viviendas sociales, es que en muchos de ellos se han generado procesos de creciente desintegración social, lo que se evidencia en la presencia frecuente de tráfico y consumo de drogas, violencia intrafamiliar y entre los vecinos, vandalismo, embarazo de adolescente y delincuencia.
Este proceso de desintegración social ha llevado a que los copropietarios asuman conductas y tomen decisiones tendientes a evitar consecuencias negativas en sus familias. Es así como muchos padres envían a sus hijos a vivir en casa de algún pariente, considerando que son lugares más seguros, lo cual trae consecuencias negativas a la dinámica familiar y desarrollo afectivo de los niños y niñas.
Por otra parte, las percepciones del resto de la sociedad sobre los habitantes de condominios de viviendas sociales son negativas, se les asocia a delincuencia, drogadicción, etc. Llegándose a una estigmatización de ellos como “sectores peligrosos”. De allí que muchas familias de copropietarios experimentan un fuerte deseo de emigrar del condominio, incluso algunos prefieren regresar a vivir de allegados pero con mejores condiciones de seguridad a las que les otorga su nueva vivienda.
Este escenario, nos advierte de las dificultades que enfrentan los habitantes de condominios de viviendas sociales cuando intentan organizarse, precisamente para enfrentarlas colectivamente.
Para asumir este desafío y generar cambios se requiere de intervenciones integrales que onsideren tanto las dificultades como las potencialidades presentes en los condominios. Uno de los instrumentos a utilizar en estas estrategias es Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que si bien no resuelve automáticamente los problemas ni es perfecta, si entrega elementos positivos a considerar. (agradecimientos a Cordillera)
